¿Qué significa justicia espacial? ¿En qué zonas de la ciudad se refleja la justicia espacial? ¿Qué medidas se tendrían que adoptar para promoverla?
Se refiere al derecho que tiene la población para acceder a la ciudad, a la vivienda y al suelo; así como al aprovechamiento de forma equitativa de los equipamientos y servicios que ofrece la ciudad. Para lograrla existe un gran número de instrumentos de carácter jurídico-administrativo, de planeación, financieros y fiscales y de participación social. Destacan los ordenamientos territoriales que regulan los usos del suelo, la infraestructura, los servicios y equipamientos, la vivienda y el transporte; los que se orientan a la regulación del mercado del suelo y la recuperación de plusvalías y los que establecen las normas para la gobernanza en la ciudad. Ciudad de México cuenta con muchos de estos instrumentos y la Constitución los considera, sin embargo, es necesario desarrollarlos y complementarlos, pero sobre todo es indispensable garantizar su cumplimiento.
La justicia espacial es la distribución equitativa y justa de los recursos y valores del espacio urbano. Partimos del principio en que el espacio es una fuerza activa que configura la vida humana (y viceversa), que debe disminuir la segregación de clase, género y raza, impuesta por la reestructuración política de las inversiones urbanas, la zonificación urbana (geografías de control social) y la implementación de estructuras espaciales centro-periferia desde las escalas locales a las globales. Un ejemplo de ello en Ciudad de México es la distribución y acceso diferencial al suelo urbano, por lo cual las clases más vulnerables se encuentran en las periferias y/o en zonas de riesgo, ya que no tienen condiciones que les permita acceder a la centralidad.
Se refiere al derecho que tiene la población para acceder a la ciudad, a la vivienda y al suelo; así como al aprovechamiento de forma equitativa de los equipamientos y servicios que ofrece la ciudad. Para lograrla existe un gran número de instrumentos de carácter jurídico-administrativo, de planeación, financieros y fiscales y de participación social. Destacan los ordenamientos territoriales que regulan los usos del suelo, la infraestructura, los servicios y equipamientos, la vivienda y el transporte; los que se orientan a la regulación del mercado del suelo y la recuperación de plusvalías y los que establecen las normas para la gobernanza en la ciudad. Ciudad de México cuenta con muchos de estos instrumentos y la Constitución los considera, sin embargo, es necesario desarrollarlos y complementarlos, pero sobre todo es indispensable garantizar su cumplimiento.
La justicia espacial es la distribución equitativa y justa de los recursos y valores del espacio urbano. Partimos del principio en que el espacio es una fuerza activa que configura la vida humana (y viceversa), que debe disminuir la segregación de clase, género y raza, impuesta por la reestructuración política de las inversiones urbanas, la zonificación urbana (geografías de control social) y la implementación de estructuras espaciales centro-periferia desde las escalas locales a las globales. Un ejemplo de ello en Ciudad de México es la distribución y acceso diferencial al suelo urbano, por lo cual las clases más vulnerables se encuentran en las periferias y/o en zonas de riesgo, ya que no tienen condiciones que les permita acceder a la centralidad.