Impensable no considerarla pero ¿por qué parece cada vez más compleja? ¿Qué implica? ¿Cómo se fomenta de manera informada, pedagógica, directa y democráticamente?
La participación ciudadana se refiere a lo que es la esencia de la ciudad desde su creación; el espacio político (la polis griega) en donde se forjan los ciudadanos en cuanto que sujetos activos en la gestión de los asuntos que les son comunes. Es una obligación que todo gobierno democrático debe garantizar: respetando, apoyando y/ o creando los espacios y los marcos legislativos que contribuyan a la edificación y consolidación de la ciudadanía.
La Constitución Política de Ciudad de México reconoce la participación de los habitantes de la ciudad "en los distintos planos de la democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes (Art. 26). Prácticas como la del "presupuesto participativo" han demostrado el rol estratégico que la participación ciudadana puede tener en la discusión de prioridades y el destino de los recursos públicos.
De la misma manera, la participación social en la definición e implementación de programas productivos (agricultura urbana, cooperativas de vivienda y de producción) contribuye altamente a la lucha contra la pobreza y a la auto-sostenibilidad económica de la ciudad. La participación ciudadana requiere de un marco legal adecuado que defina distintas atribuciones para distintos niveles de participación.
La participación ciudadana es la acción mediante la cual las personas ejercemos nuestros derechos. Puede ser considerada como una meta (mejorable) del empoderamiento de la ciudadanía. La participación es el momento en el que somos conscientes de nuestra colectividad presente en la realidad cotidiana, ponemos en práctica habilidades sociales, de comunicación, empatía, y humanidad en relación con asuntos de interés común.
Debe ser entendida siempre como un ejercicio de nuestros derechos. Aún en la actualidad, la participación puede ser percibida como un obstáculo o una invasión hacia el ámbito de acción de las instituciones y suele generar resistencias entre diversos grupos, incluso, descrita como una práctica "negativa". La participación ciudadana sigue siendo una lucha social por la exigencia de nuestros derechos.
Ciudad de México, al ser un ecosistema complejo, ha sido escenario de múltiples muestras de participación, algunas de ellas dentro de un marco institucional y la mayoría, como actos de resistencia civil que empujan la transformación de la realidad hacia nuevos paradigmas para su comprensión. No es posible comprender el funcionamiento de una metrópoli como Ciudad de México sino es a partir de la multiplicidad de acciones de participación ciudadana en búsqueda del bienestar y desarrollo de sus comunidades.
La participación en Ciudad de México se ha desarrollado más bien desde abajo, generada por la propia sociedad, más aún en situaciones críticas, trágicas como los sismos, y duran pocos meses: se manifiestan en una solidaridad coyuntural muy apreciable como iniciativa ciudadana, como capacidad de estar con los otros, de apoyar, pero de corta sustentabilidad, porque no hay fondos institucionales para canalizar la participación. En el caso de una emergencia como un sismo, quizá unos de los signos más inquietantes es que los fondos reunidos o destinados para apoyar la reconstrucción sean dilapidados, es decir, destinados a otros fines. Para controlar el uso de los fondos se necesita organización y transparencia.
Hay avances institucionales que podrían facilitar una mayor participación y control de los ciudadanos respecto a las autoridades. Quizá el más importante sea la mayor autonomía del gobierno de la ciudad, la nueva Constitución que tendencialmente favorece lo público y la participación ciudadana en organizaciones autónomas.
La participación ciudadana se refiere a lo que es la esencia de la ciudad desde su creación; el espacio político (la polis griega) en donde se forjan los ciudadanos en cuanto que sujetos activos en la gestión de los asuntos que les son comunes. Es una obligación que todo gobierno democrático debe garantizar: respetando, apoyando y/ o creando los espacios y los marcos legislativos que contribuyan a la edificación y consolidación de la ciudadanía.
La Constitución Política de Ciudad de México reconoce la participación de los habitantes de la ciudad "en los distintos planos de la democracia participativa: territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes (Art. 26). Prácticas como la del "presupuesto participativo" han demostrado el rol estratégico que la participación ciudadana puede tener en la discusión de prioridades y el destino de los recursos públicos.
De la misma manera, la participación social en la definición e implementación de programas productivos (agricultura urbana, cooperativas de vivienda y de producción) contribuye altamente a la lucha contra la pobreza y a la auto-sostenibilidad económica de la ciudad. La participación ciudadana requiere de un marco legal adecuado que defina distintas atribuciones para distintos niveles de participación.
La participación ciudadana es la acción mediante la cual las personas ejercemos nuestros derechos. Puede ser considerada como una meta (mejorable) del empoderamiento de la ciudadanía. La participación es el momento en el que somos conscientes de nuestra colectividad presente en la realidad cotidiana, ponemos en práctica habilidades sociales, de comunicación, empatía, y humanidad en relación con asuntos de interés común.
Debe ser entendida siempre como un ejercicio de nuestros derechos. Aún en la actualidad, la participación puede ser percibida como un obstáculo o una invasión hacia el ámbito de acción de las instituciones y suele generar resistencias entre diversos grupos, incluso, descrita como una práctica "negativa". La participación ciudadana sigue siendo una lucha social por la exigencia de nuestros derechos.
Ciudad de México, al ser un ecosistema complejo, ha sido escenario de múltiples muestras de participación, algunas de ellas dentro de un marco institucional y la mayoría, como actos de resistencia civil que empujan la transformación de la realidad hacia nuevos paradigmas para su comprensión. No es posible comprender el funcionamiento de una metrópoli como Ciudad de México sino es a partir de la multiplicidad de acciones de participación ciudadana en búsqueda del bienestar y desarrollo de sus comunidades.
La participación en Ciudad de México se ha desarrollado más bien desde abajo, generada por la propia sociedad, más aún en situaciones críticas, trágicas como los sismos, y duran pocos meses: se manifiestan en una solidaridad coyuntural muy apreciable como iniciativa ciudadana, como capacidad de estar con los otros, de apoyar, pero de corta sustentabilidad, porque no hay fondos institucionales para canalizar la participación. En el caso de una emergencia como un sismo, quizá unos de los signos más inquietantes es que los fondos reunidos o destinados para apoyar la reconstrucción sean dilapidados, es decir, destinados a otros fines. Para controlar el uso de los fondos se necesita organización y transparencia.
Hay avances institucionales que podrían facilitar una mayor participación y control de los ciudadanos respecto a las autoridades. Quizá el más importante sea la mayor autonomía del gobierno de la ciudad, la nueva Constitución que tendencialmente favorece lo público y la participación ciudadana en organizaciones autónomas.