¿Cómo se da el proceso de valoración de la ciudad? ¿quienes ganan? ¿qué vicios implica y a costa de qué?
Especulación en sentido positivo refiere a la acción y efecto de procurar una ganancia con base en la variación entre los precios de compra y venta de un bien, lo cual excluye la finalidad del uso o consumo personal del mismo e implica actos sucesivos e inmediatos de intercambio; así, es una actividad lícita. En economía también alude a la retención de la oferta del bien con el propósito de esperar que aumente su precio y a la contención o disminución deliberada de la oferta para inducir el aumento del precio aún sin el paso del tiempo.
Especulación inmobiliaria tiene un sentido más amplio y negativo pues abarca un conjunto de prácticas cuestionables agrupables en cuatro tipos no excluyentes: 1.- Manejo de la oferta de vivienda y suelo, así como de precios, de acuerdo con los intereses de promotores y desarrolladores inmobiliarios e instituciones financieras, y no de las necesidades de la población; 2.- Uso de procedimientos irregulares y hasta ilegales en la apropiación del suelo y la construcción, y comercio de los bienes inmuebles; 3.- Colusión o complicidad de funcionarios públicos de diversos niveles en las prácticas mencionadas, y 4.- Aprobación de disposiciones legales que avalen las tres anteriores.
Especulación en sentido positivo refiere a la acción y efecto de procurar una ganancia con base en la variación entre los precios de compra y venta de un bien, lo cual excluye la finalidad del uso o consumo personal del mismo e implica actos sucesivos e inmediatos de intercambio; así, es una actividad lícita. En economía también alude a la retención de la oferta del bien con el propósito de esperar que aumente su precio y a la contención o disminución deliberada de la oferta para inducir el aumento del precio aún sin el paso del tiempo.
Especulación inmobiliaria tiene un sentido más amplio y negativo pues abarca un conjunto de prácticas cuestionables agrupables en cuatro tipos no excluyentes: 1.- Manejo de la oferta de vivienda y suelo, así como de precios, de acuerdo con los intereses de promotores y desarrolladores inmobiliarios e instituciones financieras, y no de las necesidades de la población; 2.- Uso de procedimientos irregulares y hasta ilegales en la apropiación del suelo y la construcción, y comercio de los bienes inmuebles; 3.- Colusión o complicidad de funcionarios públicos de diversos niveles en las prácticas mencionadas, y 4.- Aprobación de disposiciones legales que avalen las tres anteriores.